La Justicia bonaerense suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que permite someter a responsabilidad penal a adolescentes desde los 14 años.
La decisión fue adoptada por la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, al resolver un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo.
La medida comenzó a regir luego de la entrada en vigencia del nuevo régimen y tendrá alcance dentro del ámbito establecido por la resolución judicial.
Uno de los principales argumentos de la magistrada fue la capacidad actual de los dispositivos bonaerenses destinados a adolescentes privados de la libertad.
Según la resolución, la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años podría aumentar la cantidad de personas que ingresen al sistema y también extender los períodos de permanencia.
Para Pascual, las instalaciones y recursos disponibles actualmente no permitirían absorber ese incremento sin generar riesgos sobre derechos fundamentales.
La jueza convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a la que deberán asistir responsables de diferentes áreas del Gobierno bonaerense relacionadas con la aplicación del régimen.
En ese encuentro se deberán informar las medidas adoptadas, las acciones previstas y los plazos contemplados para adecuar el sistema.
También fueron requeridos informes y acciones a organismos vinculados con Seguridad, Niñez y Adolescencia y Justicia de la Provincia.
Pascual sostuvo que su decisión no significa rechazar la reducción de la edad de imputabilidad.
La magistrada afirmó que no se opone a que los adolescentes que cometen delitos graves asuman responsabilidades, pero cuestionó que una modificación legal pueda traducirse automáticamente en una mejora de la seguridad.
En ese sentido, planteó la necesidad de contar con infraestructura, profesionales y mecanismos adecuados para aplicar la nueva normativa.
La organización que promovió el hábeas corpus valoró el fallo y sostuvo que los dispositivos bonaerenses no contarían actualmente con las condiciones edilicias, educativas y profesionales necesarias para afrontar el aumento de adolescentes privados de la libertad.
La suspensión es temporal y la audiencia de septiembre será clave para conocer cómo continuará la implementación del nuevo régimen penal juvenil en la Provincia.