Fentanilo contaminado: procesaron en La Plata a dos exfuncionarias de organismos de control

La Justicia Federal de La Plata procesó a dos exfuncionarias que estuvieron al frente de organismos encargados de controlar a los laboratorios, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado elaborado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La medida fue dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak y alcanzó a Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Ambas fueron procesadas sin prisión preventiva como partícipes necesarias, en principio, del delito de adulteración de sustancias medicinales.

Embargos millonarios y restricciones

Además del procesamiento, Kreplak dispuso un embargo de $500.000 millones para cada una y la inhibición general de sus bienes.

Las dos exfuncionarias continuarán en libertad, aunque deberán cumplir distintas restricciones mientras avanza la investigación.

Entre las medidas se encuentran la prohibición de salir del país, la obligación de presentarse una vez por mes ante la Policía Federal, la entrega de sus documentos de viaje y la prohibición de mantener contacto con personas vinculadas con la ANMAT y el INAME.

La causa vincula hasta el momento al fentanilo contaminado con 90 muertes y 134 víctimas.

Qué cuestionó la Justicia

Uno de los principales puntos del procesamiento está relacionado con el funcionamiento de los organismos encargados de controlar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Según la resolución de Kreplak, las irregularidades ya habían sido detectadas dentro del sistema de control sanitario y existían herramientas administrativas que podían utilizarse para impedir que los laboratorios continuaran operando bajo esas condiciones.

El juez consideró que la falta de una intervención oportuna tuvo incidencia en la continuidad de la circulación de medicamentos que habían sido elaborados pese a las observaciones surgidas durante inspecciones anteriores.

Las demoras en las cartas de advertencia

En el caso de Gabriela Mantecón Fumadó, el magistrado puso especial atención sobre las denominadas cartas de advertencia, un mecanismo administrativo utilizado frente a incumplimientos detectados durante las inspecciones.

De acuerdo con la resolución, hubo demoras en la tramitación de esas medidas mientras Mantecón Fumadó estaba al frente del INAME.

Kreplak también señaló que la exfuncionaria mantuvo reuniones con representantes de las empresas investigadas.

Para el juez, esas demoras permitieron que continuaran circulando medicamentos producidos bajo condiciones que ya habían sido cuestionadas durante los controles.

El rol atribuido a la ex titular de ANMAT

Respecto de Nélida Bisio, Kreplak sostuvo que su responsabilidad debía analizarse en relación con las decisiones adoptadas dentro del INAME, debido a la relación jerárquica entre ambos organismos.

El juez consideró que Bisio contaba con facultades para intervenir ante una eventual falta de acción de sus subordinados y que conocía las irregularidades detectadas durante la fiscalización.

Además, señaló que la entonces titular de ANMAT tenía un rol de articulación entre las decisiones del Gobierno y las áreas técnicas encargadas de ejecutarlas.

La reunión que quedó bajo investigación

Otro de los episodios analizados por la Justicia ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando autoridades sanitarias mantuvieron una reunión con representantes de los laboratorios.

Según la reconstrucción incluida en la resolución, en ese encuentro se habría acordado postergar la emisión de las cartas de advertencia y otorgar a las empresas un plazo para implementar correcciones.

Al día siguiente, la empresa presentó ante el INAME un plan para solucionar las deficiencias detectadas durante inspecciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2024.

La investigación continúa

La causa continúa avanzando sobre las responsabilidades de quienes estaban a cargo de la producción y comercialización del medicamento, pero también sobre el funcionamiento de los mecanismos estatales de control.

La Justicia busca determinar si las irregularidades detectadas con anterioridad podrían haber sido frenadas antes de que el fentanilo contaminado ingresara al circuito sanitario.