La Justicia investiga contratos vinculados a la empresa de la esposa de Manuel Adorni

La Justicia federal avanzó con nuevas medidas en la investigación que busca esclarecer el vínculo comercial entre la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti —esposa de Manuel Adorni— y distintas empresas que mantienen contrataciones con el Estado nacional.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien solicitó información detallada a las firmas Datco, National Shipping y Foggia Group para que expliquen las operaciones comerciales y facturaciones realizadas con la consultora de coaching.

El objetivo de la investigación es determinar qué servicios fueron prestados, bajo qué condiciones se concretaron las contrataciones y si existieron posibles irregularidades vinculadas al manejo de fondos públicos.

Según surge del expediente, Datco mantiene contratos con organismos y empresas estatales como ARCA, AySA y Aerolíneas Argentinas. En tanto, National Shipping aparece vinculada comercialmente con YPF y Foggia Group tendría relación con la concesión de Tecnópolis.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió analizar si la consultora de Angeletti recibió beneficios indebidos mediante contratos de asesoramiento con proveedores estatales.

Una de las hipótesis que evalúa la Justicia es si esas contrataciones pudieron haber funcionado como un mecanismo de retornos o intermediación irregular.

Además de los pedidos de informes a las empresas involucradas, el magistrado requirió la intervención de la Inspección General de Justicia (IGJ) para identificar a los beneficiarios finales de las sociedades y obtener los legajos societarios correspondientes.

También se solicitó a la Jefatura de Gabinete, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones, que informe si las compañías investigadas son proveedoras habituales del Estado y remita documentación relacionada con sus adjudicaciones.

El expediente se tramita en paralelo a otra causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. Allí se investigan movimientos patrimoniales, operaciones financieras y la compra y remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

En ese expediente, la Justicia también ordenó el levantamiento del secreto fiscal ante ARBA respecto de Adorni y su esposa para avanzar en el análisis de ingresos declarados, bienes y movimientos de fondos.

Por el momento, la causa vinculada a la consultora +BE se encuentra en etapa preliminar y no existen imputaciones formales ni procesamientos. Sin embargo, entre los posibles delitos bajo análisis figuran fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.