La Justicia investiga movimientos financieros de Manuel Adorni y analizan citarlo a indagatoria

La situación judicial de Manuel Adorni sumó nuevos capítulos en las últimas horas luego de que la fiscalía federal avanzara en una investigación patrimonial que podría derivar en un pedido de citación a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Ariel Lijo, quienes analizan movimientos financieros, operaciones con criptomonedas y posibles inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Según trascendió, la Justicia detectó movimientos con criptoactivos realizados durante 2024 que no habrían sido informados oficialmente. La investigación apunta a operaciones realizadas en distintas plataformas digitales y exchanges, incluyendo transferencias vinculadas a billeteras virtuales y movimientos en dólares digitales.

En paralelo, una ampliación de denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano incorporó una nueva línea de investigación vinculada a una presunta estructura offshore radicada en Uruguay.

La presentación quedó radicada en el juzgado federal de Daniel Rafecas y tiene como eje a la firma Insight Trust, una compañía con sede en Montevideo señalada por supuestamente administrar sociedades offshore y fideicomisos internacionales.

Dentro de la investigación también aparece mencionado el empresario y periodista Marcelo Grandio, relacionado con una sociedad uruguaya denominada IM Group SAS y con contratos vinculados a productoras audiovisuales.

La fiscalía solicitó información a bancos, fintech y exchanges de criptomonedas para reconstruir los movimientos económicos de Adorni y su entorno familiar desde 2022 hasta la actualidad. Entre las firmas requeridas aparecen plataformas como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, Ripio y Bitso.

Además, la Justicia pidió informes sobre posibles cajas de seguridad, transferencias internacionales, viajes al exterior y operaciones inmobiliarias que, según la hipótesis judicial, podrían no ser compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario.

Entre los gastos bajo análisis figuran remodelaciones inmobiliarias, vuelos internacionales y movimientos financieros que los investigadores consideran difíciles de justificar con los ingresos declarados oficialmente.

En el expediente también se analizan supuestas transferencias realizadas entre firmas privadas y cuentas vinculadas al entorno de Adorni, además de posibles operaciones de lavado de activos y negociaciones incompatibles con la función pública.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei ratificó públicamente su respaldo político al funcionario y descartó desplazarlo del cargo en medio del avance judicial.

Desde el Gobierno sostienen que no existen irregularidades y consideran que las denuncias forman parte de una ofensiva política. Sin embargo, en tribunales reconocen que la causa evolucionó hacia una investigación patrimonial de gran escala que incluye análisis sobre criptomonedas, sociedades offshore y movimientos financieros internacionales.