La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el vocero presidencial Manuel Adorni sumó nuevos elementos y elevó el nivel de atención sobre su situación patrimonial. El expediente, que se tramita bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, pone el foco en una serie de gastos y deudas que en conjunto superan los 725.000 dólares.
La causa apunta a determinar si los ingresos declarados por el funcionario y su entorno familiar alcanzan para justificar el volumen de operaciones detectadas desde fines de 2023. En ese marco, se ordenó el análisis de documentación fiscal y bancaria para reconstruir la evolución patrimonial.
Entre los datos que impulsaron la investigación se encuentra la declaración de un contratista que aseguró haber cobrado una suma significativa por trabajos realizados en una propiedad ubicada en un barrio privado. Ese testimonio amplió el alcance del expediente y sumó nuevos montos bajo análisis.
Además, la causa incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, junto con refacciones y un esquema de financiamiento que también está siendo evaluado. A esto se agrega la adquisición de una vivienda en un country, con pagos iniciales y préstamos que forman parte del mismo análisis judicial.
Los investigadores también revisan gastos vinculados a viajes al exterior y dentro del país, así como consumos y movimientos financieros que completan el cuadro bajo estudio. En total, los desembolsos identificados rondan los 452.000 dólares, a los que se suman deudas estimadas en más de 300.000 dólares.
Desde el entorno del funcionario rechazaron las acusaciones y sostienen que podrán justificar tanto los gastos como las obligaciones pendientes. Sin embargo, la Justicia continuará con pericias contables para determinar si existe una incompatibilidad entre el nivel de vida observado y los ingresos declarados.