Los problemas con el suministro de agua potable vuelven a estar en el centro de las quejas vecinales. Cortes frecuentes, baja presión y deficiencias en el sistema cloacal se repiten en distintos barrios, generando malestar e incertidumbre en miles de usuarios que dependen de un servicio esencial.
En este escenario, Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), la empresa estatal creada hace más de veinte años con el objetivo de garantizar el acceso al agua y las cloacas, aparece como protagonista de una situación que dista de cumplir con esa misión. Las fallas persistentes exponen las limitaciones de un sistema que no logra dar respuestas sostenidas a la demanda.
A la par de los inconvenientes técnicos, surge otro interrogante clave: el rol del control estatal. La Provincia no solo es responsable de la prestación del servicio, sino también de su fiscalización a través de organismos públicos. Esta doble función genera cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de supervisión y la transparencia en la gestión.
En particular, la Autoridad del Agua (ADA), organismo encargado de ejercer el contralor, se encuentra en el foco de las dudas. Hasta el momento, no hay información clara sobre cómo se tramitan los reclamos de los vecinos ni sobre las acciones concretas que se llevan adelante para garantizar el cumplimiento de los estándares del servicio.
Consultas realizadas a las áreas correspondientes no obtuvieron respuesta, lo que refuerza la sensación de falta de seguimiento que denuncian los usuarios. Mientras tanto, los problemas continúan acumulándose y la incertidumbre crece en torno a un servicio básico que debería estar garantizado.