Familiares de víctimas del fentanilo contaminado presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que busca implementar un sistema de trazabilidad integral para medicamentos de alto riesgo, con el objetivo de evitar nuevas tragedias sanitarias. La iniciativa apunta a controlar cada etapa del circuito, desde la fabricación hasta la administración al paciente.
El encuentro fue encabezado por la diputada nacional Marcela Pagano y contó con una participación legislativa reducida, pese a que habían sido invitados jefes de distintos bloques. Durante la presentación, los familiares expusieron su reclamo con una consigna contundente: “El Congreso ya tiene el diagnóstico y aún no actúa”.
La causa judicial vinculada al caso tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, donde se investigan posibles responsabilidades dentro del sistema sanitario, incluyendo fallas de control y decisiones administrativas que no habrían impedido la circulación de medicamentos adulterados.
Del encuentro participaron también los diputados nacionales Esteban Paulón, Romina del Plá y, de forma virtual, Pablo Yedlin, además del legislador bonaerense Christian Castillo. Las familias interpretaron la baja asistencia como una señal de la escasa prioridad del tema en la agenda política.
Uno de los puntos más críticos expuestos fue el desempeño de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que entre 2018 y 2024 registró múltiples reportes por desvíos de calidad en medicamentos vinculados al grupo HLB–Ramallo. Según denunciaron, muchas de esas alertas no derivaron en acciones efectivas para frenar la producción.
Incluso, señalaron que en noviembre de 2024 se detectaron fallas graves durante una inspección que recomendaba suspender la elaboración de medicamentos estériles, medida que no se aplicó de forma contundente. La situación continuó hasta que el Hospital Italiano de La Plata encendió la alarma cuando el brote infeccioso ya estaba en curso.
En ese contexto, los familiares remarcaron una pérdida de capacidad operativa del organismo de control, con más de 120 desvinculaciones en dos años y un número reducido de inspectores para supervisar cientos de laboratorios en todo el país.
El eje del proyecto es la creación de un sistema obligatorio de trazabilidad que permita seguir cada medicamento en todas sus etapas. La propuesta incluye la identificación unívoca de cada unidad mediante tecnologías de serialización, con códigos globales (GTIN), números de serie únicos y sistemas Data Matrix que permitan reconstruir el recorrido completo ante cualquier alerta.
Según explicaron, la falta de una herramienta de este tipo dificultó identificar rápidamente el lote contaminado, retrasó su retiro del mercado y complicó determinar qué pacientes habían sido afectados.
A fines de 2025, el Congreso había conformado una comisión especial que emitió recomendaciones para mejorar los controles, fortalecer la ANMAT y avanzar en la digitalización del sistema. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas fue convertida en ley.
Las familias insisten en que las medidas actuales son insuficientes si no se garantiza un control riguroso sobre toda la cadena de producción y distribución. El proyecto presentado busca justamente anticiparse a los riesgos, detectar irregularidades a tiempo y proteger a los pacientes dentro del sistema de salud.