El Gobierno de Javier Milei prohibió el ingreso de periodistas a Casa Rosada y desató una fuerte polémica

El Gobierno encabezado por Javier Milei dispuso este jueves bloquear el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una decisión que generó fuerte controversia en el ámbito político y mediático. La medida fue ejecutada mediante un operativo de la Casa Militar junto a efectivos de la Policía Federal, que impidieron el acceso a trabajadores de prensa que habitualmente cubren la actividad oficial.

Según se informó desde el Ejecutivo, la restricción responde a una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal. En ese marco, se ordenó eliminar el registro de huellas dactilares de los periodistas acreditados, lo que en la práctica dejó sin efecto sus permisos de ingreso a la sede gubernamental.

Durante la jornada, circuló entre el personal de seguridad una lista con más de sesenta nombres de periodistas a los que se les negó la entrada. La situación generó malestar en el sector, que denunció falta de comunicación oficial y cuestionó el carácter de la medida, considerada por distintos actores como inédita en la democracia reciente.

El episodio se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los medios de comunicación. En las últimas semanas, ya se habían registrado restricciones a periodistas de distintos medios, en medio de acusaciones oficiales sobre presuntas campañas de desinformación.

En paralelo, el presidente Milei se expresó en redes sociales sobre la decisión y replicó publicaciones de usuarios que respaldaban la medida. Esto reavivó el debate sobre el vínculo entre el oficialismo y el periodismo, en un escenario donde aumentan las críticas por el acceso a la información pública.

La denuncia por espionaje quedó en manos del juez Ariel Lijo y forma parte de una investigación que busca determinar si existieron maniobras ilegales vinculadas a la obtención de material dentro de la sede presidencial.

La restricción al ingreso de la prensa no solo impacta en el trabajo cotidiano de los periodistas, sino que también abre interrogantes sobre la transparencia institucional y el acceso de la ciudadanía a la información pública, un aspecto clave para el funcionamiento democrático.