Suplantación de identidad y estafas: la denuncia de Pablo Petrecca destapa delitos organizados desde cárceles bonaerenses

El senador provincial Pablo Petrecca denunció el 12 de marzo de 2026 ante el Ministerio Público Fiscal una maniobra de suplantación de identidad que utilizaba su imagen en perfiles falsos de WhatsApp para engañar a comerciantes de Junín y obtener bienes de manera ilícita.

Lo que en un principio parecía un hecho puntual terminó por exponer una modalidad delictiva en crecimiento, basada en el uso de tecnología, manipulación psicológica y estructuras organizadas. A partir de la investigación desarrollada por la DDI Junín, que incluyó tareas de inteligencia criminal e intervenciones telefónicas, se logró identificar una organización que operaba desde el interior del sistema penitenciario bonaerense.

Según se determinó, las maniobras se coordinaban desde las Unidades Penales N° 13 y N° 16 de Junín, con ramificaciones en esa ciudad y en Pergamino. La Justicia avanzó con allanamientos, detenciones y secuestro de elementos clave, confirmando el funcionamiento de una red que utilizaba dispositivos móviles para cometer estafas desde el encierro.

El caso dejó en evidencia una problemática estructural: la utilización de cárceles como centros de operación delictiva hacia el exterior. En este contexto, la experiencia llevó al senador a impulsar una iniciativa legislativa para modificar el esquema actual de comunicaciones en las unidades penitenciarias.

El proyecto propone prohibir el uso de celulares personales dentro de las cárceles bonaerenses y reemplazarlo por un sistema institucional denominado Sistema de Comunicación Digital Supervisada. Esta plataforma funcionaría bajo una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales, permitiendo únicamente contactos autorizados, con control y trazabilidad por parte del Estado.

Además, la iniciativa establece que la tenencia de dispositivos móviles será considerada una falta grave, con impacto en beneficios penitenciarios como las salidas transitorias. El objetivo es pasar de un esquema excepcional, vigente desde la pandemia sin respaldo legal específico, a una política pública regulada.

“El problema no es la comunicación, sino la falta de control. Cuando no hay reglas claras ni supervisión, estas herramientas pueden ser utilizadas para delinquir”, sostuvo el legislador, al fundamentar la propuesta.

La denuncia inicial no solo permitió desarticular una organización criminal, sino también visibilizar una falla del sistema que abre la puerta a nuevas modalidades delictivas. A partir de ese punto, la iniciativa busca recuperar el control estatal y cerrar los mecanismos que hoy permiten que el delito se organice desde el interior de las cárceles.