
Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de La Plata propone convocar a una consulta ciudadana para que los vecinos opinen sobre un tema clave para el futuro de la ciudad: la posibilidad de avanzar hacia una mayor autonomía municipal en lo político, institucional, administrativo y financiero.
La iniciativa, impulsada por los concejales Diego Rovella, Melany Horomadiuk, Javier Mor Roig, Gustavo Staffolani y Manuela Forneris (bloque UCR+PRO), plantea realizar la consulta el mismo día que se celebren las elecciones legislativas. La pregunta a responder será clara: “¿Está usted de acuerdo con que la ciudad de La Plata inicie el proceso institucional y político para alcanzar una mayor autonomía municipal, incluyendo la reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades y del régimen de coparticipación provincial?”
La participación será voluntaria y no tendrá efectos jurídicos directos, pero se busca que funcione como un pronunciamiento político contundente, respaldado por el voto ciudadano. Quienes estén empadronados en La Plata podrán votar por “SÍ” o “NO”.
Desde el oficialismo local argumentan que la ciudad aporta cinco veces más de lo que recibe. Según datos del proyecto, en 2023 La Plata generó más de $349.000 millones en impuestos provinciales, pero solo recibió $79.000 millones en coparticipación. Esa diferencia, sostienen, equivale a cientos de obras que la ciudad no puede ejecutar por falta de recursos propios.
Los autores remarcan que alcanzar la autonomía requiere reformas estructurales y voluntad política tanto provincial como judicial. Por eso, esta consulta se presenta como un primer paso en un camino más largo.
El proyecto se ampara en artículos de las constituciones nacional y bonaerense, que permiten la sanción de cartas orgánicas municipales y mecanismos de participación ciudadana. Aunque no existe una ley que reglamente este tipo de consultas en la provincia, ya hubo antecedentes en distritos como Bahía Blanca, Castelli, Necochea, General Pueyrredón y la propia ciudad de La Plata en 2011.
De aprobarse la iniciativa, la organización y fiscalización del proceso estará a cargo de la Secretaría de Gobierno local, que también deberá garantizar una campaña informativa en los días previos.