Adorni Gate declara la escribana y citan a presuntas prestamistas por cientos de miles de dólares

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito avanza con una serie de medidas clave que buscan reconstruir el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones inmobiliarias.

En las últimas horas se concretó la primera declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita. El exfutbolista Hugo Alberto Morales aportó detalles sobre la venta de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, que luego terminó en manos del funcionario. Durante su exposición, brindó información sobre la operación, identificó a las compradoras iniciales y entregó registros de conversaciones que ahora forman parte del expediente.

Según su relato, el inmueble fue vendido en mayo de 2024 a dos jubiladas por 200.000 dólares. Meses después, esas mismas mujeres concretaron una nueva operación: vendieron la propiedad a Adorni y su esposa por 230.000 dólares, financiando gran parte del monto mediante créditos hipotecarios otorgados por ellas mismas.

Este esquema llamó la atención de los investigadores, ya que las mismas personas aparecen como vendedoras y, al mismo tiempo, como prestamistas de la mayor parte del dinero necesario para la compra. De acuerdo a los registros, el funcionario y su pareja habrían aportado una suma menor en relación al total de la operación.

En este contexto, la Justicia citó a la escribana que intervino en las transacciones para que declare bajo juramento. Su testimonio será clave para entender cómo se llevaron adelante las escrituras, las hipotecas y otras operaciones vinculadas a bienes inmuebles relacionados con el entorno del funcionario.

Además, el fiscal dispuso la citación de cuatro mujeres que figuran como otorgantes de créditos hipotecarios. Entre ellas se encuentran las jubiladas involucradas en la compraventa inicial, así como otras dos personas vinculadas a préstamos registrados en otra propiedad.

La causa también incluye el análisis de otras adquisiciones y movimientos financieros, así como documentación oficial ya incorporada al expediente. La investigación busca determinar si existe una evolución patrimonial incompatible con los ingresos declarados.

Mientras avanzan las citaciones y declaraciones, el expediente toma impulso con el objetivo de esclarecer el origen de los fondos y establecer si hubo irregularidades en las operaciones bajo la lupa judicial.