El senador provincial Juan Manuel Rico Zini presentó en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que busca garantizar el acceso pleno, simple y sin restricciones a la información pública, con el respaldo del bloque de senadores del PRO.
La iniciativa plantea un cambio estructural en la relación entre el Estado y la ciudadanía al establecer que toda información en poder de organismos públicos será considerada de carácter público, salvo excepciones específicas previstas por ley. En ese sentido, se busca fortalecer la transparencia, mejorar la calidad institucional y facilitar el control ciudadano sobre el uso de los recursos estatales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es que cualquier persona podrá solicitar información sin necesidad de justificar su pedido, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Además, se fija un plazo máximo de 15 días hábiles para que el Estado responda, con posibilidad de prórroga en casos excepcionales. Si no hay respuesta, se aplicará el principio de “silencio negativo”, habilitando directamente la vía judicial.
El alcance de la propuesta es amplio: incluye a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados, empresas con participación estatal, concesionarios de servicios públicos y entidades privadas que administren fondos públicos. De esta manera, se busca garantizar que toda actividad vinculada al uso de recursos del Estado quede sujeta a control.
Otro punto clave es la incorporación de la “transparencia activa”, que obliga a los organismos a publicar de manera permanente información relevante como sueldos, estructura del personal, presupuesto, contrataciones, transferencias de fondos y actos administrativos. El objetivo es que los datos estén disponibles sin necesidad de ser solicitados.
El proyecto también prevé sanciones para funcionarios que nieguen información de manera injustificada o la entreguen de forma incompleta, reforzando los mecanismos de responsabilidad pública. A su vez, establece principios rectores como la máxima divulgación, gratuidad, celeridad en las respuestas y formatos abiertos para facilitar el acceso y la reutilización de la información.
Desde una perspectiva institucional, la iniciativa se enmarca en una creciente demanda social por mayor transparencia en la gestión estatal. “Donde hay recursos públicos, debe haber acceso a la información”, planteó el legislador al fundamentar el proyecto, que apunta a consolidar un modelo de Estado más abierto, accesible y controlable por la ciudadanía.