Proponen prohibir celulares en cárceles bonaerenses y limitar las comunicaciones de los presos

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses y establecer un sistema de comunicación controlado por el Estado para las personas detenidas.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Oscar Liberman, integrante del bloque de La Libertad Avanza, y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. La propuesta plantea modificar el esquema de comunicaciones vigente en las unidades penitenciarias y restringir el acceso libre a dispositivos móviles dentro de los pabellones.

El proyecto fue denominado “Ley Rodrigo” en homenaje a Rodrigo Gómez, el soldado que prestaba servicio en la Quinta de Olivos y que murió tras una extorsión telefónica que, según la investigación judicial, habría sido realizada desde la cárcel de Magdalena con apoyo externo.

Entre los principales puntos de la propuesta se incluye la eliminación del protocolo que permitió el uso de celulares en las cárceles durante la pandemia, medida que en su momento se adoptó para garantizar el contacto de los internos con sus familias ante las restricciones sanitarias.

La iniciativa también establece que las comunicaciones de los detenidos deberán realizarse a través de dispositivos controlados por el Estado y fija un máximo de dos horas diarias de contacto telefónico por interno.

Además, el proyecto contempla la instalación de inhibidores de señal para impedir el funcionamiento de teléfonos móviles dentro de las unidades penitenciarias y la implementación de requisas diarias en los pabellones con el objetivo de detectar equipos ilegales.

Al presentar la propuesta, el legislador sostuvo que la intención es evitar que desde los establecimientos penitenciarios se continúen organizando delitos mediante llamadas telefónicas o mensajes. En ese sentido, afirmó que en algunos casos las cárceles se han convertido en centros desde los cuales se coordinan estafas y extorsiones.

La iniciativa deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en la Legislatura bonaerense, donde será analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual tratamiento en el recinto.