Alertan por presión impositiva y atraso en cuotas que agravan la crisis de colegios privados en Buenos Aires

El sistema de educación privada en la provincia de Buenos Aires atraviesa un escenario de creciente preocupación debido al impacto de la presión impositiva, el atraso en la actualización de cuotas y el aumento sostenido de los costos operativos. Desde el sector advierten que estas condiciones podrían profundizar la crisis económica que afecta a muchas instituciones educativas.

Actualmente, la educación privada representa cerca del 30% de la cobertura educativa provincial y alberga a más de 1,3 millones de alumnos. Sin embargo, directivos y representantes del sector señalan que numerosas escuelas enfrentan dificultades financieras vinculadas al incremento de tarifas, la caída de la matrícula y los límites para actualizar aranceles.

Una de las situaciones que generó alarma entre las instituciones fue la aprobación de una ordenanza municipal en el distrito de Pilar que duplicó la tasa de seguridad e higiene y estableció una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pequeñas y medianas empresas, categoría en la que también quedan incluidas muchas escuelas privadas.

Desde el sector educativo señalan que el impacto podría ser significativo, ya que los establecimientos suelen contar con planteles amplios de docentes, personal administrativo y auxiliares. En promedio, una escuela privada puede tener entre 60 y 120 trabajadores, lo que elevaría considerablemente el monto de las tasas municipales a pagar.

Según estimaciones realizadas por entidades que representan a los colegios privados, una institución de tamaño medio podría afrontar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en tasas, lo que superaría los 20 millones de pesos anuales. En este contexto, advierten que medidas similares podrían replicarse en otros municipios y agravar la situación económica de las escuelas.

El panorama se vuelve más complejo en medio de la negociación paritaria docente en la provincia. El gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se suma a aumentos otorgados previamente a fines del año pasado.

Desde las instituciones privadas aseguran que acompañan las mejoras salariales para el personal docente, pero señalan que necesitan contar con la autorización correspondiente para actualizar las cuotas y poder afrontar los incrementos en los costos laborales.

En la provincia de Buenos Aires, cerca del 70% de los colegios privados recibe aportes estatales, lo que implica que cualquier modificación en los aranceles debe ser autorizada por las autoridades provinciales. Si esas actualizaciones no se habilitan, advierten que se genera un fuerte desequilibrio financiero.

A este escenario se suma la preocupación por el cierre de instituciones educativas privadas que se registró en los últimos años, especialmente desde el período posterior a la pandemia. Este fenómeno se explica por diversos factores, entre ellos la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula y las dificultades económicas que enfrentan muchas familias para afrontar las cuotas escolares.

En los últimos cuatro años el sistema educativo registró una reducción cercana a los 300 mil estudiantes, lo que impacta directamente en la sostenibilidad de muchas instituciones. Además, el aumento de los servicios públicos y el crecimiento de la morosidad en el pago de aranceles profundizan la crisis.

Desde el sector educativo advierten que muchas escuelas aún continúan funcionando pero atraviesan situaciones económicas delicadas, con endeudamiento o acceso a créditos para poder cumplir con el pago de salarios y cargas sociales.