La tradicional empresa de transporte Nueve de Julio S.A.T., con casi ocho décadas de actividad en La Plata y la región, atraviesa uno de los conflictos internos más graves de su historia. En noviembre, un grupo de socios minoritarios irrumpió en la sede administrativa, desplazó por la fuerza al presidente Walter Mastropietro y ejecutó un cambio de autoridades cuya legitimidad quedó inmediatamente cuestionada.
Según la denuncia, los involucrados rompieron cerraduras, ingresaron sin autorización, agredieron a Mastropietro, a su hija y a empleados presentes, y confeccionaron un acta en la que se proclamaron mayoría accionaria para justificar la remoción del directorio. Con ese documento intentaron formalizar la toma del control societario.
Tras las presentaciones judiciales, el Juzgado Civil y Comercial Nº 8 dictó una medida cautelar que ordenó la restitución inmediata del presidente, ejecutada con presencia de la Justicia para garantizar su cumplimiento. En paralelo, avanza una causa penal que investiga lesiones, amenazas, usurpación y fraude societario, con la Fiscalía Nº 17 al frente del expediente. Entre los imputados figuran tres socios señalados como responsables de los hechos y cuya actuación podría integrar, según la denuncia, una estructura organizada para forzar un cambio de mando.
Durante los días en que el grupo minoritario permaneció al frente, la defensa de Mastropietro asegura que se realizaron movimientos económicos de alto impacto, intentos de firmar acuerdos laborales con cifras millonarias y operaciones sin aval del directorio. Ya restituida la conducción original, la empresa denunció vaciamiento financiero, desaparición de documentación y maniobras de alto riesgo patrimonial, por lo que anticiparon nuevas ampliaciones de la causa.
Pese al conflicto, la prestación de los servicios no se interrumpió. Las líneas municipales 508 y 561, las provinciales 215, 225, 414 y la Línea Universitaria continuaron funcionando con normalidad, gracias al plantel operativo que mantuvo las tareas esenciales.
El futuro de la empresa sigue abierto. La Justicia prepara nuevas medidas, entre ellas análisis contables, peritajes, cruces telefónicos y posibles nuevas cautelares. Lo que se resuelva en los próximos meses será decisivo para definir responsabilidades y garantizar la estabilidad de una de las compañías más históricas del transporte regional.