por Iván Cares
La confirmación llegó esta tarde desde Casa Rosada: el teniente general Carlos Alberto Presti, actual Jefe del Estado Mayor del Ejército, será el nuevo Ministro de Defensa.
La medida, sin precedentes en los últimos 40 años de historia argentina, marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el poder militar. La decisión del Ejecutivo quiebra una de las bases del pacto democrático de 1983: la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Desde la asunción de Raúl Alfonsín y el inicio del juicio a las Juntas, Argentina construyó un consenso en cuanto que el Ministro de Defensa debe ser un civil. Esta doctrina busca evitar la politización de los cuarteles y garantizar que la política de defensa responda a los intereses de la Nación y no a una lógica corporativa castrense.
Para encontrar un antecedente de un militar a cargo de la cartera de Defensa con poder de decisión política, hay que remontarse a los tiempos oscuros de la dictadura cívico-militar. Durante la democracia, figuras militares ocuparon roles diplomáticos, como Martín Balza, o secretarías específicas, pero jamás la conducción política del ministerio siendo parte de la fuerza.
Carlos Alberto Presti, hijo del coronel Roque Carlos Presti, asume en un contexto donde el gobierno busca darle un nuevo rol a las fuerzas de seguridad y defensa. Este nombramiento genera múltiples interrogantes y preocupaciones en los organismos de Derechos Humanos y sectores de la oposición debido al fin del control civil, la autonomización de las Fuerzas y una señal de que el gobierno prefiere seguir endureciendo su gestión, basándose en una lógica castrense por sobre la gestión política y diplomática de la defensa. Este cambio de paradigma parece ser un claro retroceso institucional ante lo político y socialmente construido desde el retorno de la democracia.