Los argumentos jurídicos que cuestionan la detención de Iván Tobar por amenazas

Mientras sigue detenido por orden del juez federal Ernesto Kreplak, su defensa sostiene una batería de argumentos jurídicos que ponen en duda la legalidad del proceso.

El dirigente sindical fue procesado por amenazas coactivas y asociación ilícita, en el marco de un video anónimo y amenazante dirigido a un juez y un fiscal que investigaban al exjefe de la UOCRA, “Pata” Medina. Según la acusación, el video tenía como fin intimidar a los magistrados para favorecer judicialmente al propio Tobar.

Sin embargo, la defensa técnica asegura que no hay pruebas directas que lo vinculen con la producción ni difusión del video. No existen peritajes, registros electrónicos ni testigos presenciales. El único elemento que lo señala es la declaración de un testigo arrepentido, David Alzogaray, cuya versión no fue corroborada con evidencia objetiva.

Además, uno de los ejes más sólidos del planteo defensivo es que el video fue hallado por la Justicia después de que se resolvieran las medidas judiciales que supuestamente buscaba condicionar. Es decir, no hay constancia de que los jueces hayan recibido o visto el video antes de actuar, lo cual podría invalidar el tipo penal imputado, ya que una amenaza exige efecto y recepción previa.

Otro punto clave es el cuestionamiento a la figura de asociación ilícita, que se le imputa desde junio de 2021, cuando la causa fue abierta recién en agosto de ese año. La defensa sostiene que eso vulnera el principio de legalidad penal y la posibilidad de ejercer una defensa real y oportuna.

En paralelo, Tobar fue recientemente excarcelado en otra causa provincial, relacionada con un enfrentamiento entre barras bravas en el hospital de Gonnet, donde se lo había imputado por tentativa de homicidio. La Cámara de Apelaciones reconfiguró la calificación a lesiones graves y descartó su rol como instigador.

Frente a este panorama, su defensa argumenta que la prisión preventiva impuesta en el fuero federal carece de sustento, ya que no hay riesgo procesal, antecedentes de fuga ni entorpecimiento de la investigación.

Incluso algunos juristas mencionan que el caso podría formar parte de un escenario de judicialización de conflictos gremiales y deportivos.

El expediente ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá decidir si sostiene el procesamiento y la prisión preventiva o si hace lugar al recurso presentado por la defensa.